La democracia, en su ideal, se asienta sobre la división de poderes: un Ejecutivo que gobierna, un Legislativo que representa y crea leyes, y un Judicial que administra justicia de forma imparcial, garantizando el imperio de la ley para todos. Sin embargo, la realidad política de América Latina en las últimas décadas presenta un patrón inquietante que desafía esta premisa fundamental: la asombrosa sincronización entre los cambios de poder político y los procesos judiciales de alto perfil que afectan a los líderes de la oposición o a los ex presidentes.
No se trata de una mera coincidencia, sino de un fenómeno recurrente que erosiona la confianza en el sistema y siembra dudas sobre la verdadera independencia judicial. Observamos cómo figuras políticas influyentes, con historiales de poder, terminan en la mira de la justicia –o directamente privadas de su libertad o con restricciones– justo cuando sus adversarios llegan al poder. Esta dinámica, lejos de ser anécdota, es un síntoma de una patología más profunda en la región.
En Brasil, la secuencia es elocuente. Durante los años en que el arco político conservador y de derecha gobernaba o influía fuertemente, Lula da Silva, figura emblemática de la izquierda, fue encarcelado en un resonante caso de corrupción. Ahora, con Lula de nuevo en la presidencia, el foco de la justicia ha girado hacia Jair Bolsonaro, su antecesor de derecha, quien enfrenta múltiples investigaciones y ya utiliza una tobillera electrónica. La pregunta resuena: ¿Puede ser que la severidad de la justicia parezca variar según quién ocupe el Palacio del Planalto?
En Argentina, el fenómeno es similar y no menos notorio. Con el ascenso de Mauricio Macri al poder, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de signo político opuesto, se vio envuelta en una cascada de causas judiciales. Hoy, bajo la administración de Javier Milei, estos casos derivaron en condenas y restricciones significativas, como la prisión domiciliaria y el uso de la tobillera electrónica; y en la inhabilitación para ejercer cargos públicos. La atención sigue puesta en figuras del gobierno anterior, alimentando la especulación sobre cómo evolucionarán estos procesos en el nuevo escenario político. La percepción de que cada cambio de guardia trae consigo una "limpieza" judicial del adversario es difícil de ignorar.
Pero el patrón se extiende más allá del Cono Sur, evidenciando una tendencia regional. Perú es, quizás, el caso más dramático de esta "justicia pendular". Prácticamente todos sus presidentes desde inicios de los 2000 han terminado investigados, presos o autoexiliados al dejar el cargo. Desde Alberto Fujimori hasta Pedro Castillo, pasando por Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Martín Vizcarra e incluso Alan García (quien trágicamente se suicidó antes de ser arrestado), la constante ha sido que el abandono del poder coincide con la intensificación de las acciones judiciales. Aunque cada uno de estos casos tiene sus complejidades y méritos legales, la suma de ellos dibuja un panorama donde la permanencia en la libertad de un ex mandatario parece ser la excepción, no la regla.
Incluso en Ecuador, hemos visto cómo el expresidente Rafael Correa ha enfrentado órdenes de captura y condenas desde el exilio, mientras que sus adversarios políticos han impulsado causas en su contra tras su salida del poder. En Guatemala, la ex fiscal general Thelma Aldana, reconocida por su lucha anticorrupción, terminó autoexiliada y enfrentando procesos tras la llegada de un gobierno que percibía sus acciones como una amenaza. Estos ejemplos, entre muchos otros, refuerzan la inquietante idea de que en nuestra región, la justicia actúa a merced de los Gobiernos y bajo intereses o presiones políticas.
Es muy importante subrayar que, en muchos de estos casos, sino la mayoría, las acusaciones de corrupción son legítimas y las condenas, incluso, podrían ser justas. No se trata de negar la posibilidad, o la realidad, de que muchos de estos mandatarios hayan incurrido en actos ilícitos y de que la evidencia contra ellos sea contundente. La corrupción es un flagelo endémico en la región que debe ser combatido sin tregua. Sin embargo, el dilema central persiste y se agrava: ¿por qué estas condenas y procesos judiciales de alto perfil se materializan o aceleran justo cuando el signo político en el poder cambia, y los acusados pierden su influencia directa? Si la justicia es verdaderamente ciega e independiente, debería actuar con la misma celeridad y contundencia, sin importar quién ostente el poder. La intermitencia de su accionar, que parece encenderse y apagarse al compás de los resultados electorales, es lo que, paradójicamente, arroja una sombra de duda sobre su imparcialidad, incluso cuando los actos de corrupción sean innegables.
La Erosión de la confianza y el "Lawfare"
Esta coincidencia sistemática, que va más allá de la mera casualidad, alimenta la narrativa del "lawfare" o la guerra jurídica: la utilización estratégica del sistema judicial para deslegitimar, inhabilitar o perseguir a adversarios políticos. Para las democracias incipientes o frágiles, este fenómeno es veneno puro. Cuando la ciudadanía, más allá de los tecnicismos legales, percibe que la justicia se ha convertido en una extensión de la lucha política, la fe en las instituciones se desmorona.
La erosión de la confianza pública es el costo más alto. ¿Qué legitimidad puede tener una condena, una prisión preventiva o una inhabilitación si una parte significativa de la población sospecha que obedece más a una venganza política o a una estrategia para eliminar rivales que a una búsqueda genuina de justicia? Esta percepción no solo mina la credibilidad de los tribunales, sino que también debilita el concepto de Estado de Derecho, el pilar sobre el cual se construyen las sociedades modernas y estables. Si el poder judicial no es percibido como un garante imparcial, el sistema entero cruje.
El Riesgo Inminente para los Gobiernos Actuales
La implicación más escalofriante de este patrón es la que afecta directamente a los gobiernos actuales. Si esta tendencia se consolida, los líderes que hoy ejercen el poder corren el riesgo latente de enfrentar sus propias batallas judiciales una vez que el ciclo político cambie y sus adversarios accedan al gobierno. No importa la ideología, el estilo de gestión o los logros alcanzados; la salida del poder podría llevar implícito el riesgo de una investigación, un proceso, o incluso una condena. La justicia, en lugar de ser un árbitro neutral, se convierte en un arma de doble filo que puede ser empuñada por cualquiera que tome las riendas del poder.
Este escenario no solo crea un clima de incertidumbre y polarización permanente, sino que también desincentiva la transparencia y la rendición de cuentas. Si los líderes políticos perciben que su futuro legal depende más del color del gobierno entrante que de sus propias acciones, el incentivo para la corrupción podría incluso aumentar, o, por el contrario, generar una parálisis en la toma de decisiones por temor a represalias futuras. Otra consecuencia puede ser la intención de los oficialismos de no dejar el poder a cualquier costo, con tal de evitar futuras privaciones de la libertad. En criollo, perdido por perdido, pueden llegar a tomar decisiones extremas, sumamente perjudiciales para un país y su democracia. Y, lamentablemente, en última instancia para los ciudadanos que son quienes más sufren estas consecuencias.
Urge una Justicia Robusta e Imparcial
La solución no es trivial. Exige un compromiso real de todas las fuerzas políticas y de la sociedad para fortalecer la independencia judicial y protegerla de las presiones y las agendas políticas. Esto implica asegurar que los procesos de selección y remoción de jueces sean transparentes y basados en el mérito, que los presupuestos judiciales sean adecuados e independientes, y que exista una cultura de respeto a la autonomía judicial.
La salida de este ciclo vicioso requiere reformas profundas que fortalezcan la independencia judicial. Países como Chile y Costa Rica han avanzado en procesos de selección transparentes de jueces, presupuestos autónomos y mecanismos de control ciudadano. América Latina necesita replicar y adaptar estas experiencias: blindar al Poder Judicial de presiones políticas, garantizar meritocracia en sus cargos y fomentar una cultura institucional que premie la honestidad y la imparcialidad. Solo así podremos recuperar la confianza pública y consolidar democracias que no dependan del péndulo judicial, sino de instituciones sólidas y justas.
